Para ciertos personajes, en Política todo es válido. No importan las consecuencias, si a cambio, se obtiene resultados favorables a sus intereses. No importa la situación, y mucho menos el país: sólo importa lo que se puede extraer en provecho propio, entrar como sea a la historia, hasta con un falso traje mediático de héroe, líder o heroína. Para lograrlo, arman argucias a costa de nuestras propias esperanzas y debilidades, las cuales, sopladas hábilmente al oído de ingenuos útiles o tontos vivos, o en sectores de la sociedad identificados en buena fe con el problema, toman variados nombres y banderas, generando en ellos un manipulado convencimiento, provisto de actitudes obstinadas y hasta reacciones violentas.
Pasó en diferentes etapas de nuestra historia, hasta la actualidad: tanto en críticas coyunturas como en situaciones de intenso conflicto social, deviniendo en balde de gasolina arrojada a la hoguera, o mortal virus inyectado intencionalmente a un cuerpo ya enfermo.
Así, sugestivamente en época de reclamos autonómicos, el tema de la Capitalía Plena o Capitalidad, es insertado con presión social a la lista de inclusiones para la nueva Constitución, cual asignatura pendiente.
La Guerra Civil de 1899, nos dejó un trago muy amargo, pero a la vez, una pésima memoria e incapacidad de aprender su lección. Por eso, aún no cerramos un pasado en el cual, la pugna de intereses político económicos -Liberales del estaño en alza, prometiendo profundos cambios democráticos y sociales, y Conservadores de una agónica plata apegados a una Constitución injusta, mantenedora del pongeaje y la destrucción de las propiedades comunitarias indígenas- luego de cruentas batallas, traiciones y fusilamientos a sus principales colaboradores especialmente indígenas, como Zárate Villca, y la pérdida de valiosas vidas jóvenes en ambos bandos, terminaron, si bien con el cambio de la sede de Gobierno en La Paz a raíz de la victoria liberal, en una posterior unificación y repartición de poderes, intereses y ganancias, con la misma Constitución de 1880, otrora impugnada por los Liberales, bajo el brazo.
Por esa pésima memoria, sigue existiendo la manipulación de quienes dominan el escenario de los destinos e intereses de nuestros pueblos. En este caso, el pedido de Capitalidad Plena, que en sí mismo tiene sus propios argumentos válidos, que permiten su análisis y consideración, es sin embargo en la actual coyuntura, un instrumento manipulado por grupos de poder, para generar, más que un boicot a la Asamblea Constituyente, una peligrosa confrontación nacional. Es decir, se convirtió a este pedido en una argucia diabólicamente oportunista y políticamente inoportuna: una canallada que vuelve a despertar y a herir la sensibilidad socio histórica de dos regiones, no obstante haber sido y ser, en esencia, un problema de interés nacional.
En primer lugar, estamos hablando de una pugna por la Sede de Gobierno Nacional, y no de una pugna de intereses de únicamente dos Departamentos. El histórico conflicto no motivó la intervención exclusiva de chuquisaqueños y paceños, colocándolos en dos bandos definidos: la guerra civil ubicó también ideológicamente, a chuquisaqueños identificados con los Liberales y a paceños con los conservadores, involucrando en ambas posiciones a cruceños, orureños, cochabambinos, potosinos y tarijeños, atrincherados en piquetes rebeldes o en el ejército regular de la época.
En segundo lugar, el problema de la capitalidad pareciera ser manejado públicamente en forma intencionalmente confusa, mezclándose el Derecho a la Capitalidad por cuestión fundacional de la República, con una presunta “ineficiencia administrativa centralista del Gobierno de La Paz”. Como intentándose conformar una falsa visión de que la administración del país hubiera estado a cargo del Departamento de La Paz y manejado por paceños exclusivamente, olvidándose que por las distintas gestiones y políticas de los Gobiernos de turno, pasaron presidentes oriundos de todas las regiones, así como ejecutivos y personal administrativo. La Paz, como ciudad cosmopolita, conformó de esa manera, una compleja Cultura de Gestión por más de un siglo, lo cual es distinto.
En tercer lugar, lo que se debe seguir tratando actualmente, en forma fundamental, seria y responsable, es la conformación de un nuevo y moderno Estado con autonomías adecuadas a nuestra realidad y necesidades. Es decir, concebir y materializar antes que nada, un eficiente sistema administrativo de gobierno con plenas potencialidades y proyecciones de futuro. Y si se decide, por análisis profundo y posterior consenso, tratar el tema de capitalidad, es decir, la urgencia de un cambio de la Sede de Gobierno, se deberá contemplar muy cuidadosamente, aspectos ya no rayanos en lo reivindicativo o en lo emotivo, sino prácticos, estratégicos y comprobadamente convenientes, que beneficien a todo el país.
Convendría entonces, antes de un Referéndum Nacional, un previo estudio científico-técnico, multidisciplinario y de alto nivel, cuyas conclusiones al ser ampliamente difundidas, permitan orientar a todos los bolivianos, sobre la necesidad de mover o no la sede, considerando empero, a todos los Departamentos de la República como probabilidades.
Pasó en diferentes etapas de nuestra historia, hasta la actualidad: tanto en críticas coyunturas como en situaciones de intenso conflicto social, deviniendo en balde de gasolina arrojada a la hoguera, o mortal virus inyectado intencionalmente a un cuerpo ya enfermo.
Así, sugestivamente en época de reclamos autonómicos, el tema de la Capitalía Plena o Capitalidad, es insertado con presión social a la lista de inclusiones para la nueva Constitución, cual asignatura pendiente.
La Guerra Civil de 1899, nos dejó un trago muy amargo, pero a la vez, una pésima memoria e incapacidad de aprender su lección. Por eso, aún no cerramos un pasado en el cual, la pugna de intereses político económicos -Liberales del estaño en alza, prometiendo profundos cambios democráticos y sociales, y Conservadores de una agónica plata apegados a una Constitución injusta, mantenedora del pongeaje y la destrucción de las propiedades comunitarias indígenas- luego de cruentas batallas, traiciones y fusilamientos a sus principales colaboradores especialmente indígenas, como Zárate Villca, y la pérdida de valiosas vidas jóvenes en ambos bandos, terminaron, si bien con el cambio de la sede de Gobierno en La Paz a raíz de la victoria liberal, en una posterior unificación y repartición de poderes, intereses y ganancias, con la misma Constitución de 1880, otrora impugnada por los Liberales, bajo el brazo.
Por esa pésima memoria, sigue existiendo la manipulación de quienes dominan el escenario de los destinos e intereses de nuestros pueblos. En este caso, el pedido de Capitalidad Plena, que en sí mismo tiene sus propios argumentos válidos, que permiten su análisis y consideración, es sin embargo en la actual coyuntura, un instrumento manipulado por grupos de poder, para generar, más que un boicot a la Asamblea Constituyente, una peligrosa confrontación nacional. Es decir, se convirtió a este pedido en una argucia diabólicamente oportunista y políticamente inoportuna: una canallada que vuelve a despertar y a herir la sensibilidad socio histórica de dos regiones, no obstante haber sido y ser, en esencia, un problema de interés nacional.
En primer lugar, estamos hablando de una pugna por la Sede de Gobierno Nacional, y no de una pugna de intereses de únicamente dos Departamentos. El histórico conflicto no motivó la intervención exclusiva de chuquisaqueños y paceños, colocándolos en dos bandos definidos: la guerra civil ubicó también ideológicamente, a chuquisaqueños identificados con los Liberales y a paceños con los conservadores, involucrando en ambas posiciones a cruceños, orureños, cochabambinos, potosinos y tarijeños, atrincherados en piquetes rebeldes o en el ejército regular de la época.
En segundo lugar, el problema de la capitalidad pareciera ser manejado públicamente en forma intencionalmente confusa, mezclándose el Derecho a la Capitalidad por cuestión fundacional de la República, con una presunta “ineficiencia administrativa centralista del Gobierno de La Paz”. Como intentándose conformar una falsa visión de que la administración del país hubiera estado a cargo del Departamento de La Paz y manejado por paceños exclusivamente, olvidándose que por las distintas gestiones y políticas de los Gobiernos de turno, pasaron presidentes oriundos de todas las regiones, así como ejecutivos y personal administrativo. La Paz, como ciudad cosmopolita, conformó de esa manera, una compleja Cultura de Gestión por más de un siglo, lo cual es distinto.
En tercer lugar, lo que se debe seguir tratando actualmente, en forma fundamental, seria y responsable, es la conformación de un nuevo y moderno Estado con autonomías adecuadas a nuestra realidad y necesidades. Es decir, concebir y materializar antes que nada, un eficiente sistema administrativo de gobierno con plenas potencialidades y proyecciones de futuro. Y si se decide, por análisis profundo y posterior consenso, tratar el tema de capitalidad, es decir, la urgencia de un cambio de la Sede de Gobierno, se deberá contemplar muy cuidadosamente, aspectos ya no rayanos en lo reivindicativo o en lo emotivo, sino prácticos, estratégicos y comprobadamente convenientes, que beneficien a todo el país.
Convendría entonces, antes de un Referéndum Nacional, un previo estudio científico-técnico, multidisciplinario y de alto nivel, cuyas conclusiones al ser ampliamente difundidas, permitan orientar a todos los bolivianos, sobre la necesidad de mover o no la sede, considerando empero, a todos los Departamentos de la República como probabilidades.
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